VUELVE LA TENSIÓN A SAN PABLO POR UN REBOTE DE VIOLENCIA

En San Pablo todo parece estar tendiendo a la normalidad luego de cuatro días de enfrentamientos entre la banda de narcotraficantes más grandes de la ciudad, el Primer Comando de la Capital y la Policía, que ya dejó al menos 130 muertos. La calma llegó a la actividad comercial, a las principales avenidas, y también a las escuelas. Pero cuando cae la noche, comienza lo que siempre hubo: una guerra encubierta entre los grupos narcos y la Policía. En la madrugada de hoy, las fuerzas de seguridad militar lanzaron una serie de redadas -que algunos llaman “de venganza”- y mataron a 24 personas en menos de 12 horas.

Los muertos que llegaron a contarse finalmente esta mañana en la morgue, fueron 63, una cifra más alta. Las autoridades no ofrecen aún su más reciente listado de víctimas y la Secretaría de Seguridad Pública mantiene que desde el viernes y hasta el martes murieron 71 supuestos criminales, 40 agentes policiales y cuatro civiles. Por su parte, las autoridades penitenciarias daban cuenta de al menos 18 reclusos muertos.

Ayer, el gobierno paulista y la Policía Militar admitieron que hubo conversaciones con el jefe narco Marcola, aunque negaron haber concretado un acuerdo o negociado con el líder de la organización para poner fin a la ola de ataques.

La admisión de que hubo contactos con Marcos Williams Herbas Camacho fue realizada por el jefe de la Policía Militar, Elizeu Borges, y el secretario de Asuntos Carcelarios de San Pablo, Nagashi Furokawa. La declaración de ambos causó gran polémica, porque el gobernador Claudio Lembo había dicho que -sobre un posible contacto o acuerdo con los narcos para detener la ola de violencia- “San Pablo no acepta el crimen, y no hubo diálogo con sus líderes para ningún acuerdo”.

Los ataques habían dejado ayer sin transporte público a 5,5 millones de personas, sin clases a las escuelas públicas y privadas y convirtieron a la ciudad –la más poblada del país- en un caos. El PCC ordenó los ataques en protesta por el traslado de 765 de sus principales miembros a cárceles de máxima seguridad.