VUELVEN A CUESTIONAR AL JUEZ LIPORACE

Los jueces de la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico volvieron a criticar por sus “anomalías” la manera como el juez Carlos Liporace investiga el contrabando de 60 kilos de cocaína a España en un avión de la empresa Southern Winds y destacaron que el magistrado formó un legajo paralelo a la causa, donde incluyó importantes datos para la investigación como, por ejemplo, los domicilios donde estuvo la droga antes de que saliera de país.

Las críticas se volcaron en el fallo en que los camaristas Carlos Pizzatelli, Marcos Gravibker y Gustavo Hornos confirmaron la prisión preventiva de Gustavo Arriete, ex gerente de ventas internacional de SW. Esta es la segunda vez que los camaristas cargan contra el magistrado: ya lo hicieron en su fallo del 4 de marzo último, cuando le dijeron que actuaba en forma lenta y que no había allanado ni tomado declaraciones a los sospechosos.

Ayer, los camaristas volvieron a la carga: dijeron que la investigación de Liporace pecaba de “confusa”, “errática” y “desconcertante”. Le señalaron que de las treinta medidas de prueba que le ordenaron que realizara a principios de mes, aún hay algunas que restan efectuarse e incluso dijeron que no se concretaron algunos de los allanamientos ordenados.

Luego los jueces se mostraron extrañados porque se había abierto un legajo aparte de la causa principal denominado “Actuaciones por separado correspondientes a la causa Arriete, Fernando Pablo y otros/contrabando de estupefacientes”.

Los camaristas aceptaron que es posible armar estos legajos paralelos cuando tratan sobre cuestiones tangenciales, pero en este caso dijeron que su contenido está directamente vinculado y es parte de lo que se investiga en la causa principal: es decir, quiénes sacaron la droga del país y quiénes eran sus dueños y los compradores.

En ese legajo, dicen los camaristas, se agregó inconexamente comunicaciones de la cuales surgirían los lugares donde habría estado las valijas con cocaína incautadas en Madrid el 17 septiembre último.

Además en esos legajos hay actuaciones relacionadas con operaciones comerciales que habrían llevado a cabo los españoles José Ramón González Villar y María Elena Toimil Batán, detenidos en España ante la sospecha de que pudieron ser los que debían recibir el cargamento.

Además, allí hay números de teléfono que deberían haber sido entrecruzados, como lo había ordenado la Cámara el 4 de marzo.

Esa media aún no se hizo, lo que motivó una nueva queja de la Cámara.

“La forma de actuar a que se viene haciendo referencia torna confusa y errática, imponiendo a las constituidas múltiples y diferentes consultas en las distintas constancias sumariales, situación que no tiene justificación lógica y de la que puede resultar un perjuicio para el adecuado ejercicio del derecho de defensa en juicio que les asiste y para el debido proceso”, dijeron los camaristas.

Y agregaron que esta práctica resulta “reveladora de una desconcertante forma de investigar y de desdoblar insustentadamente una única pesquisa”.

Los jueces dijeron que esto configura una nueva anomalía en la tramitación de la causa, por lo que decidieron informar sobre ella a todos los camaristas.

El pleno del tribunal ya estudió las anomalías anteriores denunciadas y decidió abrir a Liporace un sumario administrativo que se encuentra en pleno trámite, según dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

El instructor es el camarista Nicanor Repetto, actual presidente de la Cámara en lo Penal Económico.

Con este nuevo fallo, a raíz de esta nueva irregularidad descubierta, los tres jueces de la Sala B decidieron comunicarlo a sus colegas de la Cámara en pleno. Se estima que esta nueva denuncia se anexará con al anterior,

Liporace ya había enfrentado un cuestionamiento años atrás de la propia Cámara, que decidió castigar su conducta con una multa equivalente al 30 por ciento de su sueldo.