YA ESTÁ EN EL CONGRESO EL PLAN DE INTERVENCIÓN A SANTIAGO

El Gobierno giró finalmente hoy al Congreso el anunciado proyecto de ley para que se establezca una intervención federal en los tres poderes de Santiago del Estero. Ahora serán los legisladores los que definirán si se da la última estocada al régimen de los Juárez en la provincia.

Tal como anticipó Clarín el sábado, el texto que lleva la firma del presidente Néstor Kirchner y que pasó por la mesa de entradas legislativa contempla una intervención de 180 días.

Esta noche, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, afirmó que el Gobierno “no siente que esté violando la voluntad popular de los santiagueños”, por impulsar el proyecto de intervención.

“Estamos poniendo en la cabeza de alguien la suma de la autoridad para que pueda poner orden” en Santiago del Estero, dijo, por su parte, el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

Este funcionario aclaró que la administración Kirchner “siempre creyó que este era un remedio de excepción, era la última instancia”. Ambos ministros hablaron en la Casa de Gobierno.

Esta mañana, varios funcionarios del Ejecutivo nacional salieron a afirmar que la medida ya no tenía marcha atrás, ni siquiera con una eventual renuncia de la gobernadora, Nina Aragonés de Juárez.

Además, Aníbal Fernández salió al cruce de las versiones periodísticas que dieron cuenta de la posibilidad de que el diputado del PJ por Tucumán Ricardo Falú (presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja) se haga cargo de la provincia.

“No se ha hablado de interventor, primero tenemos que plantearnos que hay que pasar por el proceso de la intervención propiamente dicha”, dijo Fernández. Y agregó que “sería imprudente hablar de cualquier persona como eventual responsable de esa intervención”.

La idea de una intervención federal se había asentado en el Gobierno nacional a partir del escándalo por el doble crimen de la Dársena de las jóvenes Leyla Nazar y Patricia Villalba. Pese a los tropiezos iniciales, la investigación de estos asesinatos desnudó una amplia red de complicidades que buscó, en vano, ocultar los hechos.

Este hecho fue el puntapié inicial para que la administración de Nina Aragonés (la esposa del veterano caudillo Carlos Juárez) sufriera un acelerado proceso de deterioro y brotaran como hongos otras denuncias que pusieron al descubierto los costados turbios del régimen juarista.

No bien empezaron a conocerse detalles del doble crimen de la Dársena, en la Casa Rosada tomaron rápida distancia del juarismo, Tanto Juárez como su influyente esposa se quejaron por lo que llamaron falta de comprensión del gobierno nacional al que acusaron de “desleal”, porque Juárez fue uno de los primeros en apoyar a Kirchner en la campaña electoral

Para colmo, una investigación desnudó que más de 20 mil personas eran espiadas por la Policía. Y en la Casa Rosada consideran que la Legislatura debe ser renovada porque hay 12 diputados con pedido de desafuero.

Por otra parte, cerca de Kirchner consideran que el Poder Judicial de la provincia debe ser removido, porque ha demostrado “manifiesta incapacidad” para aclarar los graves delitos que salpican al juarismo. El informe sobre la justicia santiagueña que tiempo atrás realizaron el secretario de Justicia Pablo Lanusse y el de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde aconsejaba la intervención. Por caso, hay expedientes con 6 años de antigüedad.