YA HABRÍA PRUEBAS SUFICIENTES PARA PEDIR LA CAPTURA INTERNACIONAL DE LOS SOSPECHOSOS

Hace exactamente un mes y un puñado de horas, Ariel Malvino vivía. Terminaba unas latitas de cerveza con amigos en la playa, caminaba hasta el centro a disfrutar de la noche de Ferrugem, saludaba a conocidos que habían viajado, como él, a disfrutar de sus vacaciones en el mismo balneario brasileño. Vivía, Ariel, aferrado al pulso joven de sus 21 años, entregado a su aventura. Pero algo pasó: una pelea a unos metros, una corrida y Ariel mirando, incrédulo ante la barbarie. Tan in crédulo que apuró unas palabras que le costaron la vida: “Paren, che. Hacen quedar mal a los argentinos”. Fue un comentario, apenas, pero a algunos no les gustó. Y lo mataron. Es poco probable que quisieran hacerlo, pero lo mataron.

Reza el expediente: primero le pegó uno. Se le fue encima a los golpes y mientras Ariel retrocedía, a la defensiva, otro lo trompeó desde atrás en la mandíbula con tal fuerza que lo desmayó. El golpe de la cabeza contra el piso le provocó convulsiones. Y mientras estaba tirado un tercero le arrojó sobre el pecho una piedra de 17,5 kilos. Después corrieron. Lograron escaparse de quienes intentaron retenerlos y, también, huir de la Policía. Se fueron a la cercana Praia do Rosa y, a la madrugada, a Corrientes, donde habrían acordado un pacto de silencio.

Y aunque todavía lo mantendrían, no sirvió. La Policía de Garopaba, a cargo de la investigación del crimen, les pisó los talones desde el primer día y a los diez días ya tenía a siete sospechados de homicidio calificado: Horacio Pozo, Eduardo y Lautaro Braun Billinghurst, Gonzalo Marasco, Andrés Gallino, Germán Braillard Poccard y Francisco Méndez. Los investigadores sabían, de todos modos, que los autores materiales no eran siete. Afilada la puntería, varios testigos identificaron a tres: Gallino habría sido —siempre según consta en la causa—, quien inició la agresión; Pozo, quien le habría acertado la piña que desencadenó su muerte; y Eduardo Braun, quien le habría tirado la piedra cuando estaba en el piso.

Las pruebas de reconocimiento se sumaron en los últimos diez días. Los testigos que identificaron a los agresores corrían con una ventaja: la Policía había conseguido fotos tomadas un par de horas antes del crimen. Es decir: estaban vestidos igual y con el pelo igual. Y hubo más: dos testigos, porteñas, conocían a los correntinos del verano anterior y los habrían identificado con nombre y apellido. “No dijeron ‘el de remera verde’. Una dijo ‘fue Horacio'”, confió el abogado de los Malvino, Juan Carlos García Dietze.

“La prueba testimonial es esencial en homicidios y lesiones. Hay prueba pericial (la autopsia, la piedra) e indiciaria (los imputados estaban en el lugar ese día, escaparon a las corridas para no ser retenidos tras la agresión, abandonaron Ferrugem teniendo el alquiler de la casa todavía vigente, huyeron de Brasil, etc.), pero las identificaciones permiten distinguir a quienes agredieron a Ariel y le dan a la Justicia elementos suficientes para disponer su detención preventiva y su captura internacional”, explicó a Clarín García Dietze.

“Procesalmente, dos de los imputados están muy comprometidos: uno, conforme al Código Penal brasileño, acusado de lesiones con resultado muerte (homicidio preterintencional nuestro), por la trompada alevosa y a traición (desde atrás); otro, por tentativa de homicidio agravado, por arrojarle a alguien que está desmayado y con convulsiones una piedra de 17 kilos sobre el pecho”, agregó.

La causa está a cargo de la jueza de Garopaba Eliane Alfredo Cardoso Luiz, quien ya recogió el testimonio de más de veinte testigos y hay por lo menos diez más esperando turno en Argentina. Ninguno declaró hasta ahora que Ariel haya pegado.

La jueza envió hace diez días a la Justicia argentina una carta rogatoria pidiendo que se interrogue a los siete sospechosos, salió ayer de Brasil, pero se estima que recién a fines de marzo un juez criollo tomará cartas en el asunto. Ningún magistrado argentino tiene competencia hasta ahora, aunque ya intervinieron dos: el juez federal Carlos Soto Dávila, que recibió una presentación de Méndez y Braillard Poccard en la cual se declaraban inocentes, pero luego se excusó por su amistad con familiares de involucrados; y el juez Andrés Vigay, que el jueves aceptó tomar las riendas de esa causa.

Si se dicta la orden de captura, Interpol deberá detenerlos y, en un plazo de 45 días, Brasil deberá solicitar su extradición. Si los imputados no aceptan ser extraditados, se hará un juicio de extradición en el Juzgado Federal de Corrientes (el tema puede llegar hasta la Corte Suprema). Si hacen lugar a la extradición, el juicio oral será en Garopaba. Si la rechazan, será en Corrientes (si se excusa el juez de primera instancia, habrá sorteo). En ambos casos podrán pedir cumplir la pena en cárceles argentinas.

¿Podrán los responsables eludir la condena? “Todo es posible —dijo García Dietze—. Dependerá de la prueba de cargo que se acumule en el proceso y, también, por supuesto, de la imparcialidad de los jueces que intervengan. Veremos, soy optimista. Pruebas, sobran”.