YA HAY UN BORRADOR PARA EL PROYECTO DE AUTONOMÍAS

El Ministerio de Gobierno redactó un borrador del proyecto de ley que pretende consagrar las autonomías municipales, ante la imposibilidad de reformar este año la Constitución provincial. Pero no será una norma exclusiva, sino que propondrá modificar la actual Ley Orgánica de Municipios.

“Ésa será la clave de nuestro proyecto, incorporar la autonomía al sistema integral que está dispuesto por la ley N° 2.756”, dijo el ministro de Gobierno, consultado por El Litoral. De esta forma, el municipio que no quiera adherir y opte por no dictar su propia carta estará regulado por lo que establece en general la Ley Orgánica.

“Nosotros pensamos que es mejor insertar el tema dentro del sistema tradicional de la ley de municipalidades y dar allí toda la institución de la autonomía, en la medida de lo permitido por la Constitución vigente”.

La autonomía regirá para municipios tanto de primera como de segunda categoría. “La proponemos para todos; después, cada uno tiene la potestad de redactar o no sus cartas orgánicas”, aclaró Roberto Rosúa. Los que opten por dictarla podrán establecer su propia forma de gobierno. Esto es, cuántos concejales tendrán, cuál será la duración de sus mandatos y cómo los elegirán. “Hay ciudades como Rosario que tienen seis distritos, pero, además, 25 o más secciones. Entonces, bien podrían hacer la elección por distrito, por secciones o por circuitos distintos según lo que fije el propio municipio”, ejemplificó.

Alcances de la autonomía
Que el municipio tenga la potestad de dictar su propia carta orgánica y elegir su forma de gobierno y sistema electoral cristaliza la autonomía institucional y política. Pero, ¿qué sucede con la faz económica?

“La autonomía que consagra la Constitución Nacional se da en los planos político, administrativo, financiero y económico. Lo que ocurre es que tampoco hay que caer en algunas actitudes equivocadas, para llamarlas pacíficamente”, según explicó Rosúa.

El ministro planteó una serie de salvedades respecto de la autonomía financiera. “Dentro del marco de nuestra Constitución, los municipios no podrían fijar impuestos; esto está limitado”, aclaró. “Entonces, para salir del panfleto e ir a una expresión seria, es conveniente advertir que, aun en un marco de autonomía, los municipios están muy limitados para establecer tributos”.

Según el ministro, esto se desprende del juego armónico que debe darse entre la legislación nacional y la provincial. “Se sabe, por ejemplo, que la fijación de los impuestos coparticipables no es materia de carácter provincial. Entonces, más allá de cualquier declamación que se haga en materia de autonomía financiera o impositiva, los municipios no podrían, por la ley nacional y por los pactos fiscales a los que ha adherido la provincia, fijar impuestos que ya están establecidos por la Nación”.

En la práctica
En los hechos, el funcionario explicó que, por ejemplo, un municipio no podría fijar impuesto a las ganancias o al cheque, ni establecer retenciones al agro. “Tampoco podrían crear nuevos impuestos, si la materia imponible ya es materia de otros tributos nacionales. De esta manera, el margen impositivo se achica mucho”.

De igual modo, no descartó la posibilidad de que se inviertan en el futuro algunos términos de la ecuación recaudación-distribución, como de hecho se hizo con la patente automotor. Antes, la patente era recaudada por la provincia; el noventa por ciento de ello iba a las comunas, y el 10 % restante, a las arcas provinciales. Ahora, es al revés; se sigue volcando el 90 por ciento a los municipios, pero son ellos mismos quienes recaudan y giran el 10 por ciento a la provincia.

“Por supuesto que en una cuenta bien llevada al final termina siendo lo mismo porque se mantiene la proporción, pero, sin ninguna duda, en cuanto a la disponibilidad de recursos en el corto plazo, es mucho más beneficioso el sistema para los municipios”, sentenció.

Las principales ideas de este proyecto ya fueron volcadas al papel. De todas maneras, no se redactó aún el mensaje definitivo. El tema fue conversado con los diputados justicialistas provinciales en la última reunión con el gobernador, y sigue siendo materia de consulta con diferentes sectores.

Ciudadano
Según Giuliano, el principal aporte de la autonomía para el ciudadano común sería permitirle recuperar su plena personalidad política como “titular del poder constituyente derivado de tercer grado”. Además, recuperaría su capacidad participativa en todos los aspectos. “Podría diseñar su propio sistema de gobierno y de participación popular; le permitiría mayor control respecto de su propia ciudad, y todo esto redundaría en mayor calidad democrática. Desde lo económico, también habría una relación más directa entre quien impone el tributo y el que lo soporta. En síntesis, adquiriríamos ciudadanía plena desde lo local”.

Interrogantes y puntos de vista
¿Puede institucionalizarse la autonomía sin reforma de la Constitución? ¿Puede ser plena una autonomía con limitaciones en la faz económica? La autonomía política, ¿puede dar lugar a tantos sistemas electorales como municipios existan en la provincia? ¿Están todos los municipios en condiciones de afrontar la autonomía? ¿De qué le sirve a la gente?

La autonomía genera tantos reclamos como polémicas. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Rosario, Dr. Diego Giuliano, intentó echar luz sobre algunos de estos interrogantes.

“La Constitución Nacional adjudica al constituyente la facultad de instaurar la autonomía; eso es lo que debería ser. Igualmente, sería un buen atajo poder consagrarla por ley, si la reforma no es factible”, entendió.

Sobre la autonomía económica y financiera, admitió que existe una discusión.

“La Constitución previa a 1962 permitía que los municipios recaudaran impuestos, pero la reforma de ese año incorporó la palabra contribución, que da lugar a confusiones o diferentes interpretaciones. Hay quienes entienden que ese concepto no implica impuestos, pero la teoría contemporánea sí lo cree así, como de hecho lo establece la Constitución Nacional. Desde mi punto de vista, sería admisible que los cobraran”, opinó.

Pensar en tantos sistemas electorales y formas de gobierno local como municipios existan sería “difícil, pero un riesgo, al fin”. Para Giuliano, deberá aplicarse un criterio de razonabilidad, que tiene que ver con la legislación provincial. “De lo contrario, sería una falta de coordinación total; incluso, es mejor que haya una ley marco que resuma lo establecido por rango institucional -voto único, universal y secreto, por ejemplo-“.

El especialista consideró que tal vez no todos los municipios estén en condiciones de afrontar la autonomía. “Hay que ser razonables; hay algunos que tienen la escala suficiente como para asumirla, y otros que tienen demasiada dependencia provincial, por su situación financiera. Tendrá que darse en función de la capacidad contributiva de la gestión, del crédito, del ahorro, y de la calidad de administración de cada lugar”.

A su criterio, debería ser un proceso gradual. “Tiene que privilegiarse una autonomía sustentable y responsable, no simplemente para aislarse. Debería permitir interconexiones locales y poder asociarse; al menos, ése es el pensamiento del siglo XXI”.