YACYRETÁ, OTRA VEZ BAJO SOSPECHA DE CORRUPCIÓN

A Moisés se le rompió la tabla justo en el undécimo mandamiento que decía: todo lo que falta lo paga Yacyretá”. Con este chiste se intenta explicar por qué la represa hidroeléctrica más grande de la Argentina estaba en 1979 presupuestada en 5.340 millones de dólares y cuando se termine, en el 2008 —con 29 años de atraso—, finalizará costando unos 11 mil millones de dólares.

El 54% de ese aumento es por la refinanciación de las deudas con el Banco Mundial y el BID y otra parte es por los numerosos casos de corrupción o negligencia que giran alrededor de esta represa argentino-paraguaya. Las cuatro nuevas denuncias sobre Yacyretá son:

Caso Ansaldo. Este mes, el titular de la Oficina Anticorrupción, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, pidió al Ministerio de Economía que busque recuperar US$ 17 millones que se le pagaron indebidamente a la empresa italiana Ansaldo en concepto de reembolsos por cinco generadores que debían ser nacionales pero, en rigor, venían de Génova.

Caso ERIDAY. Fue iniciado por un reclamo sobre el verdadero costo de “los sándwiches de mortadela que comían los obreros”, entre otros rubros. Hoy el reclamo del consorcio constructor ERIDAY —integrado por la italiana Impregilo y la francesa Dumez— por éste y otros 35 rubros asciende a US$ 1.500 millones.

Caso CIDY. En el 2002 Yacyretá renovó y dolarizó un contrato por 42 millones de dólares con la consultora internacional Consorcio de Ingeniería de Yacyretá (CIDY) cuando “el trabajo lo podían hacer técnicos del Estado”, afirman expertos argentinos.

Caso Heath. La semana pasada, el fiscal nacional de investigaciones administrativas, Manuel Garrido, recibió el expediente a través del cual Yacyretá renovó un seguro por la represa con la empresa británica Heath y según una auditoría implicaba un sobreprecio de US$ 1.500.000 por año.

El llamado caso Ansaldo nació de un enojo. A poco de asumir como director ejecutivo de Yacyretá, a fines de 1999, el circunspecto Rafael Martínez Raymonda pronunció en Asunción un discurso latinoamericanista ante el entonces presidente de Paraguay, Luis González Macchi, quien, sin preámbulos, le contestó:

“¿Che, arreglaron el asunto de las 31 lavanderas paraguayas?”.

Aludió a un reclamo de lavanderas que decían haber perdido trabajo por la inundación provocada por Yacyretá. Con paciencia, el ex diputado satisfizo el pedido pagándoles para que hicieran un curso de asistencia social. Pero se irritó cuando vio que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) compró “campos en Paraguay por 1.500 dólares la hectárea cuando en Pergamino un campo cultivable sale la mitad”, graficó.

Semanas más tarde, Martínez Raymonda recibió en Buenos Aires un pedido de la japonesa Mitsubishi para cobrar un reembolso por la construcción de cinco generadores. El dirigente demócrata progresista esta vez se enojó y ordenó rechazarlo diciendo que podía ser algo así como un “intento de estafa”. Era porque la ley de Promoción Industrial 20.852 pagaba subsidios para equipos de fabricación nacional y los generadores eran japoneses. Martínez Raymonda narró a Clarín que para su sorpresa la respuesta japonesa fue: “entonces, ¿por qué le pagaron subsidios a Ansaldo?”.

Al leer el expediente por el que se le habían pagado 17 millones de dólares a Ansaldo por otros cinco generadores se descubrió que en los pedidos de subsidios a la Secretaría de Industria se omitió decir que habían sido fabricados en la Vía Lorenzi 8 de Génova. En cambio, se afirmaba que habían sido fabricados “parcialmente en los astilleros Río Santiago”. También se había evitado informar a Industria que la consultora CIDY había opinado que no correspondía pagarlos.

Con estas sospechas se abrió una causa judicial. El juez federal Jorge Urso terminó procesando por fraude al Estado al ex gerente financiero de Yacyretá Luis Manzo y al ex subsecretario de Industria menemista Miguel Angel Cuervo, entre otros. A fines del año pasado, la Cámara Federal —integrada por Martín Irurzún, Horacio Cattani y Horacio Luraschi— confirmó los procesamientos y ordenó al juez “orientar también la investigación en torno a los responsables de Ansaldo”.

En sintonía con esa orden, Urso secuestró en la oficina local de Ansaldo un documento interno en el cual un contador se queja porque se “carece de orden de pago” (ver facsímil) por la entrega de 3.546.210 pesos pagados al estudio argentino “Cohen, Seligra y Asociados” en concepto de honorarios por “gestión de cobro” de los subsidios.

Ante este y otros datos, el fiscal anticorrupción pidió, a principios de mes, a Economía recuperar los 17 millones de dólares y al juez, que eleve la causa a juicio oral para que se dicte sentencia.

El caso ERIDAY arrancó con Carlos Menem. Pese a que esa y otras irregularidades se cometieron durante su gestión, el ex presidente acuñó una frase histórica: “Yacyretá es un monumento a la corrupción”. Luego intentó privatizarla y vendérsela al ex presidente de EE.UU. George Bush padre, pero el Congreso argentino se opuso.

Menem, junto a su entonces colega paraguayo Juan Carlos Wasmosy —cuya constructora fue una de las principales contratistas de Yacyretá— no sólo intentó privatizar la represa, sino que también legitimó una disputa con el consorcio constructor Eriday que empezó por “el costo de los sandwiches de mortadela que comían los obreros” y hoy asciende a US$ 1.500 millones.

Ante los reclamos por sobrecostos del consorcio, Menem aceptó nombrar al ex secretario de Estado de EE.UU. Henry Kissinger y al ex ministro de la Corte Suprema Mariano Cavagna Martínez como “amigables componedores” de un tribunal arbitral entre el Estado y Eriday.

Cuando se produjo el asesinato del vicepresidente del Paraguay, José María Argaña, el 23 de marzo de 1999, el arbitraje inició su camino al fracaso. Los motivos: el señador paraguayo Juan Galaverna denunció que el crimen pudo haber sido financiado con la “caja negra” de Yacyretá; y la familia de Argaña señaló como autor intelectual del crimen al general Lino Oviedo, un protegido del menemismo en la Argentina. Nelson Argaña, hijo del político asesinado y miembro de Yacyretá, se encargó de bloquear la iniciativa menemista.

Con Kirchner en la Rosada, se nombró a Héctor Masnatta para dar pelea a Eriday en un arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en París. Masnatta objetó a uno de los árbitros e intenta ahora que el juicio pase a la justicia argentina.

El llamado caso CIDY es uno de los más recientes. Se trata de la consultora CIDY que manejó la monumental obra. Especialistas consultados por Clarín afirmaron que “prácticamente desde 1994 el trabajo de CIDY podía ser hecho por técnicos del EBY”. Pero lo que llama la atención es que en el 2002 durante la gestión del director ejecutivo del EBY, Humberto Schiavoni, el contrato con CIDY “había terminado y no sólo se lo renovó por seis años sino que se lo dolarizó”. Así se pasó a “pagar 42 millones de dólares por año para realizar un plan estratégico para la terminación de las obras” cuando ya había uno confeccionado por la consultora CIO. Schiavoni, un hombre del ex gobernador misionero Ramón Puerta, justificó ante este diario que “renové porque el BID nos había pedido un nuevo plan de terminación de la obra… Y sólo se dolarizaron los servicios brindados desde EE.UU. y Alemania”.

Esa renovación tiene un costado internacional: fue apoyada por el entonces consejero del EBY y hoy ministro de Obras Públicas de Paraguay, José Alderete, según se lee en las actas del organismo binacional de la época.

A poco de asumir, Kirchner nombró a Oscar Thomas, un hombre del actual gobernador de Misiones Carlos Rovira, al frente del EBY. Una de las primeras medidas de Thomas fue rescindir ese contrato con CIDY.

El caso Heath se abrió el año pasado cuando Clarín reveló un informe del auditor interno del EBY Pedro Rocha que alertaba que se estaba pagando un sobreprecio de 1.500.000 dólares por un seguro otorgado sin licitación pública a la empresa británica Heath. Otro aspecto llamativo es que el “fronting” (respaldo) del seguro en la Argentina lo hace el Banco de la Provincia de Buenos Aires por 50 mil pesos y en Paraguay “cueste diez veces más”, según dijo una fuente oficial.

El contrato de abril del 2003 con Heath también fue firmado por Schiavoni, quien resaltó que “esta renovación fue aconsejada por los asesores internacionales de seguro y aprobada por el Consejo de Administración del EBY”.

El fiscal Garrido le pidió una copia de ese contrato de la época duhaldista a Thomas, pero el funcionario tardó 40 días para dárselo y se ganó una denuncia por supuesta “desobediencia”.

Con esa herencia, Thomas formó recientemente una comisión investigadora para recopilar las decenas de denuncias contra Yacyretá dispersas por distintos juzgados. Y levantó banderas de transparencia. Ahora deberá demostrarlo cuando licite obras por más de US$ 650 millones para terminar Yacyretá en el 2008.