YOMA Y NAZARENO, INVESTIGADOS POR ENRIQUECIMIENTO ILICITO

El de ayer fue un día de malas noticias para varios allegados al ex presidente Carlos Menem: la Cámara Federal reactivó una causa por corrupción contra el ex asesor y cuñado presidencial, Emir Yoma, y dos fiscales impulsaron una denuncia para que se investigue si el ex juez de la Corte Julio Nazareno se enriqueció en forma ilícita.

Además, la Cámara Federal confirmó un procesamiento contra el ex titular del PAMI, Víctor Alderete (ver “Confirman…”).

Los camaristas de la Sala II de la Cámara, Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi, decidieron anular el sobreseimiento dictado contra Yoma, y —al mismo tiempo— apartaron al juez federal Rodolfo Canicoba Corral. En una resolución firmada ayer, calificaron como “irregular” su desempeño en la causa, y ordenaron designar a otro juez para profundizar la causa.

Entre sus argumentos, los camaristas destacaron que “llama la atención que se haya sobreseído a Emir Fuad Yoma y a Alfredo Karim Yoma cuando no sólo existen cursos de investigación que no fueron continuados, y que es posible derivar como consecuencia de las medidas de prueba adoptadas, sino que todavía no han sido agotadas las diligencias ya ordenadas”.

Según argumentó la Cámara, no estaría respaldada por pruebas la afirmación realizada por Canicoba de que “los imputados no han registrado el incremento patrimonial apreciable” contemplado en la figura penal del enriquecimiento ilícito.

“Una afirmación tan concluyente sólo puede ser válidamente realizada si se investigó a ciencia cierta la composición y valuación del patrimonio de los nombrados, desde el momento en que ingresaron a la función pública hasta los dos años posteriores al cese en su desempeño”, explicaron los camaristas.

“En esta investigación no se ha determinado cuál es la situación patrimonial de los imputados”, sostuvo la Cámara, y agregó: “sólo se ha podido acreditar la vinculación de Emir Fuad Yoma y Alfredo Karim Yoma con las sociedades Curtidores Riojanos y La Cordial, sin que se conozca cuál es la significación patrimonial que implica esta participación societaria”.

Por otra parte, ayer dos fiscales federales promovieron una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex titular de la Corte Suprema, Julio Nazareno, quien el 27 de junio último renunció a su cargo, jaqueado por un juicio político que impulsó el presidente Néstor Kirchner.

Ahora el juez federal Sergio Torres deberá resolver si ordena las medidas de prueba pedidas ayer por los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado, quienes decidieron impulsar una denuncia penal presentada por los abogados Marcelo Parrilli y Antonio Liurgo.

Entre otras medidas, los fiscales propusieron pedir al diputado Ricardo Falú, titular de la comisión de Juicio Político de Diputados, “la totalidad de los antecedentes” reunidos en el proceso parlamentario contra Nazareno.

El diputado Falú había anunciado públicamente que la Comisión, ante la renuncia de Nazareno, iba a dar intervención a la Justicia para que investigue al ex juez, pero los diputados no enviaron a los Tribunales las supuestas pruebas.

Ayer, Freiler y Delgado solicitaron a Torres que investigue la evolución patrimonial de Nazareno, quien se incorporó a la Corte en 1990 y, paralelamente, reclamaron que “se dilucide si existen procesos judiciales” relacionados con otros cargos atribuidos al ex juez por la Comisión de Juicio Político.

Como medidas de prueba, Torres ordenaría a organismos públicos, escribanías y bancos que le remitan datos destinados a establecer el patrimonio del ex ministro de la Corte.

Al presentar la denuncia, los abogados Parrilli y Liurgo reclamaron, además, que se determine si Nazareno “dispuso anómalamente de bienes secuestrados en procesos judiciales, si administró de manera anómala el máximo Tribunal y, en definitiva, si actuó arbitrariamente”.

Según aseguraron los abogados en la denuncia, Nazareno habría percibido un “plus por desarraigo” equivalente a unos 2.200 pesos mensuales y habría recibido 104 pasajes a La Rioja, como

consecuencia de haber omitido informar que reside a “menos de 70 kilómetros” del Palacio de

Justicia, donde funciona la Corte.