ZAFFARONI: “LA JUSTICIA DEBE ACTUAR EN LA PROTESTA SOCIAL CUANDO HAY DELITO”
“La Justicia sólo debe intervenir en la protesta social si se producen actos de violencia intolerables, si hay delito; si no, es un hecho de otra naturaleza que deben resolver los políticos”, afirmó ayer con énfasis en Rosario el ministro de la Corte Suprema de la Nación Eugenio Zaffaroni. En tono especialmente didáctico, el magistrado puso otro ejemplo. “Si en medio de un casamiento alguien mata al padrino naturalmente habrá que intervenir, pero no por eso prohibir el matrimonio”, graficó. La opinión de Zaffaroni sonó fuerte, sobre todo cuando hace sólo una semana el presidente Néstor Kirchner reclamó la intervención de jueces y fiscales para frenar los piquetes en el país (sobre todo en Buenos Aires), aunque las protestas callejeras siguieron a diario. El ministro que inauguró la renovación en el tribunal supremo llegó a Rosario para dar una conferencia sobre el tema “Sistema parlamentario y presidencialismo”, una de las actividades centrales con que el Colegio de Abogados local conmemoró ayer su día.
En diálogo con los medios, Zaffaroni no evitó ningún tema y tampoco el de los reclamos que se formulan desde distintos sectores, en los últimos días incluido el propio gobierno nacional, para que la Justicia frene los piquetes y evite los cortes de calles, puentes o rutas.
Al respecto el magistrado dejó bien en claro que una cosa es una contravención (por ejemplo, impedir la libre circulación de otros por cortar una calle) y otra un delito penal. Aun así, fue cauteloso para identificar sin más la protesta social con la falta y definió su naturaleza como eminentemente política.
“Si no se pone en peligro la vida de nadie, la integridad física de nadie, la propiedad de nadie, y hablo de peligros concretos, puede haber una contravención, pero no un delito penal. Y que alguien vulnere a otro el derecho a llegar a hora no es asimilable a levantar los rieles del ferrocarril; no digo que sea lícita la conducta, pero no todo lo antijurídico es delito”, explicó.
“Tirar” los problemas
Por eso, en tono coloquial, criticó que el poder político le “tire” a la Justicia problemas de índole social. “Si se están reclamando derechos a los poderes políticos, son ellos los que deben responder. Que no manden todos los conflictos a la Justicia, porque cuando no tienen cómo resolverlos los políticos nos tiran los problemas a nosotros”, se quejó.
De todos modos, Zaffaroni no rehuyó el análisis político en sentido amplio y prueba de eso fue el tema que eligió para su conferencia: “Sistema parlamentario y presidencialismo; sistema de control de constitucionalidad”, en la Casa del Foro.
Fenómenos como la devaluación de la función legislativa o el aumento de los decretos presidenciales de necesidad y urgencia fueron atribuidos por el magistrado al régimen presidencialista. “El deterioro de la imagen del Congreso y del Poder Legislativo en América latina es producto del desarrollo del presidencialismo”, afirmó, antes de pasar revista a las ventajas que reportaría un sistema parlamentarista, con la figura de un primer ministro.
“Forzaría las alianzas y evitaría la atomización de las fuerzas políticas, haría más transparentes y expresas las alianzas, neutralizaría los golpes de Estado porque es más tentador sacarle el poder a una persona que a una asamblea, facilitaría las negociaciones entre el frente oficial y el frente opositor, favorecería gobiernos más fuertes que no requirieran los decretos de necesidad y urgencia, y haría que las crisis políticas quedaran como tales y no se convirtieran en crisis de sistema”, resumió.
Zaffaroni también se pronunció “personalmente” contrario a la modalidad de juicios por jurado popular, al estilo anglosajón, como el que la semana pasada se desarrolló en la provincia de Córdoba, aunque rescató “la participación popular en el juzgamiento” a través de un “tribunal mixto o escabino”, es decir, compuesto a la vez por jueces profesionales y por legos.
Justicia en Santa Fe
En lo referente a la Justicia de Santa Fe, el ministro consideró “conveniente que se empiece a pensar en una evolución” del juicio escrito al oral en materia penal, aunque -con los pies en la tierra- no olvidó el hecho de que su implementación tiene un alto costo. “Díganme cuánto presupuesto hay y les diré qué proceso penal se puede tener”, sentenció con ironía.
Y hubo otro tema de la Justicia santafesina sobre el que Zaffaroni se mostró taxativo: la posibilidad de que sigan prescribiendo causas por corrupción que llevan más de una década tramitándose, como los célebres casos de Vanrell o de IBM-Banco Provincial.
“No se puede tener a alguien procesado toda la vida, sea por corrupción o por lo que sea: es necesario que las causas terminen”, dijo el juez, aunque lamentó que se llegue a esa situación por incompetencia o falla de los jueces.
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