Santa Fe: se confirmó la prisión preventiva para los acusados del crimen de Damián Strada

La Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva impuesta a la pareja imputada por el crimen de Damián Strada, el joven empleado municipal de María Luisa asesinado en septiembre.

La jueza Martha Feijoó presidió la audiencia realizada el lunes, solicitada por las defensoras públicas Virginia Balanda y Soledad Estrada, quienes pretendían conseguir la excarcelación de Lourdes Nahir Tacundo y Alessandro Juan Gabriel Roberts.

Ambos fueron imputados por el fiscal Alejandro Benítez como coautores del “homicidio triplemente agravado” de Strada. Ante la Alzada, el fiscal Carlos Arietti representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA), y pidió que las prisiones preventivas fueran confirmadas.

En la misma línea estuvo el planteo del Dr. Iván Carrión, que representó a Víctor Strada, el padre de la víctima, quien se constituyó como querellante en la causa y participó de la audiencia. Ante la jueza, manifestó que teme por su familia, que “si les da la libertad a los imputados pueden irse y no van a llegar a juicio” y exigió: “Quiero que se haga justicia por mi hijo”.

Desaparición y homicidio

La desaparición de Strada fue denunciada el 14 de septiembre de este año. Dos días después, el 16, fuerzas de seguridad hallaron su cuerpo en una zona de monte junto a la ruta provincial 2, cerca de Laguna Paiva. El cadáver tenía un cinturón en el cuello y presentaba signos de haber sido incinerado. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia.

Por disposición de la fiscalía fueron detenidos la expareja de Strada, Tacundo, y la actual pareja de ella, Roberts. Durante la audiencia de medidas cautelares, el fiscal Benítez y el querellante Carrión sostuvieron que existió un plan común y que ambos imputados participaron activamente para concretarlo.

Según la acusación, Strada fue llevado en su motocicleta hasta el lugar donde fue extorsionado y obligado a pedir transferencias de dinero a familiares, amigos y a su empleador. Esas llamadas, en las que la madre de la víctima advirtió su voz de desesperación, se realizaron desde el sitio donde luego fue asesinado.

La fiscalía sostiene que, al no lograr las transferencias de dinero y no poder consumar la extorsión, los acusados lo ahorcaron y posteriormente incineraron el cuerpo para ocultar el hecho y procurar impunidad.

Entre las pruebas presentadas se incluyó el análisis de antenas de telefonía celular, que ubicó el teléfono de la víctima en la zona del crimen, y el hallazgo de que Roberts colocó su chip en el aparato de Strada después del homicidio.

También se incorporaron registros de cámaras de seguridad que muestran a los imputados circulando con la víctima en la motocicleta hacia el lugar donde fue asesinada, y regresando luego sin él.

Excarcelación

Los argumentos de las abogadas del Ministerio Público de la Defensa (MPD) giraron en torno a las agravantes del delito imputado, el principio de inocencia y los riesgos procesales.

Señalaron que, a su entender, cuando el juez Sebastián Szeifert dispuso la prisión preventiva no respetó la excepcionalidad del encarcelamiento, sobre todo teniendo en cuenta que para ellas no existirían riesgos procesales.

Otro de los agravios de la apelación se enfocó en el agravante “criminis causa”, ya que para las defensoras no se logró acreditar que Tacundo y Roberts hubieran amenazado a Strada con un cuchillo para exigirle dinero. Por ende, no se podría probar que el motivo del crimen fuera el ocultamiento del delito previo.

Balanda sostuvo que Tacundo vive en Laguna Paiva, por lo que su libertad no supondría riesgos para la familia de la víctima, que reside en otra localidad. Lo mismo planteó Estrada sobre Roberts. Por eso, solicitaron la libertad bajo medidas alternativas. Subsidiariamente, Balanda propuso la aplicación de la prisión domiciliaria.

“Altísimos” riesgos

A su turno, Arietti defendió la resolución de Szeifert, detalló los pormenores del caso y recordó que hay registros fílmicos de los imputados llevando a la víctima en moto, entre ellos dos, hasta el lugar del crimen y luego regresando solos.

El querellante Carrión sostuvo que a Strada lo mataron porque no pudo darles más dinero, y para ocultar la extorsión. Para él, los riesgos procesales existentes son “altísimos”, y en esa línea indicó que “si estando libres hicieron lo que hicieron para ocultar el hecho, sabiendo Tacundo dónde vive la familia de Strada, sería capaz de ir allí”, lo que supondría un gran riesgo para la familia.

La camarista Feijoó analizó los agravios defensivos y decidió confirmar la prisión preventiva de ambos imputados, que continuarán tras las rejas mientras el proceso judicial avanza.